En medio de la Emergencia Humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde 2015, el sector salud también sufre; CNN en español señalaba que “los médicos de Venezuela temen lo peor mientras se acerca la pandemia del coronavirus” y, en los pasillos de los hospitales hay una tensión tras el aumento de los casos y la duda de si se está realmente preparado. La situación crítica sanitaria ya había sido señalada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 2019, en un informe especial sobre su visita a Venezuela que  “La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos…” y en ese escenario se dará respuesta (o no) a la epidemia de COVID-19.

En medio de la crisis venezolana, la COVID-19 pone en mayor riesgo a las personas con VIH. Foto: Telesur.

La COVID -19 le ha obligado al gobierno nacional oficial a mirar de frente a una nueva pandemia y abrirse a la cooperación humanitaria internacional proveniente de Unicef, la Organización Panamericana de la Salud y de sus aliados como China, Rusia y Cuba. Hoy asegura tener más de 20mil camas habilitadas, ha comprado medicamentos para el manejo de covid, ha ampliado los beneficios sociales, realiza una campaña preventiva, ha aprobado recursos adicionales, y ha abierto una sección de COVID-19 en la página web del Ministerio de Salud y ha decretado cuarentena general que va por su 6ta semana. A pesar de ello, al lunes 27 de abril se cuentan oficialmente, 329 casos y 10 muertes y los trabajadores del sector salud señalan que no hay insumos suficientes para garantizar su bioseguridad si se incrementa el número de casos.

La respuesta al VIH en tiempos de COVID-19

En Venezuela, los últimos datos oficiales sobre VIH son de 2016 y reflejan que ese año hubo 6500 nuevas infecciones. Algunas ONG han denunciado que la ausencia de datos en los últimos años limita estrategias confiables para prevenir el VIH y garantizar el acceso a la salud de la población.

Las limitaciones de acceso al tratamiento antirretroviral, la escasez de medicamentos para abordar enfermedades oportunistas, escases de reactivos para pruebas de seguimiento como carga viral y conteo de CD4, fórmulas lácteas, completos nutricionales, campañas preventivas en salud sexual y reproductiva, distribución de preservativos, entre otras ausencias, habrían tenido un impacto en el aumento de nuevas infecciones de VIH y otras ITS.

Más de cincuenta ONG venezolanas manifestaron de manera conjunta, a finales de marzo, que la personas con VIH y sus familiares se encuentran en alto riesgo por el brote de la COVID-19, ya que solo el 33% de más de 120 mil personas con VIH reciben tratamiento y hay escases de tratamientos para embarazadas.

La seguridad alimentaria en tiempos de cuarentena

El limitado acceso a alimentos de primera necesidad en una cuarentena que se alarga hasta mayo de 2020 hace de Venezuela el cuarto país en el mundo con mayor riesgo a sufrir una hambruna extrema, según advertencia del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas; esto se condice con lo expresado por la Alta Comisionada: “La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos”.

De marzo a abril de 2020, el kilo de carne de res pasó de costar 1.30$ a 3.90$ y el cartón de 30 huevos de 1.90$ a 5.80$,  en plena pandemia; a pesar que el gobierno nacional oficial asegure una distribución casa por casa, lo cierto es que a las familias este beneficio les llega escasamente 3 veces al año.

El gobierno ha ofrecido cubrir las nóminas de empresas privadas en su totalidad hasta setiembre de 2020, pero es importante señalar que el salario mínimo bordea los 4.5 dólares mensuales. Los bonos ofrecidos por el gobierno no superan los cinco dólares para más de 10 millones de venezolanos, aporte que escasamente podrían alcanzar para pagar un cartón de huevos y unas cuantas rodajas de queso.

Acceso a la información

De forma general, el acceso a la información es completamente centralizado dado que  los esfuerzos del gobierno nacional oficial frente al COVID-19 han sido estrictamente controlados por una comisión presidencial denominada cívico-militar-policial, a tal punto que el oficial del colegio nacional de periodistas, su secretario general Edgar Cárdenas afirmó a medios de comunicación que hay intenciones de “criminalizar” el trabajo de la prensa venezolana. En la primera quincena de abril se habían producido  28 ataques a la prensa.

La COVID-19 ha puesto en evidencia la extensión de la escasez de combustible y la deficiencia en energía ya que solo en el mes de abril sectores de Mérida, al occidente del país ya sumaban más  de 100 horas de apagones en 36 episodios, esto se suma a los agonizantes servicios de internet y comunicaciones.

La pandemia del COVID-19 ha desnudado –una vez más- la situación que vive Venezuela y, dentro de ella, las personas que viven con VIH. En este contexto, y mientras cada país busca salvar a sus propios habitantes, es importante mantener la atención de lo que pasa también en los países vecinos.

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