Desde el inicio de la pandemia de covid-19 en Chile, las organizaciones indígenas han solicitado al gobierno y al Ministerio de Salud información epidemiológica para conocer el impacto en sus comunidades y, también, que se respete el derecho a la participación y a la consulta previa en todos los planes de respuesta en sus territorios.

Nada de eso ha pasado. Al menos, no desde el nivel central del ministerio. Por ejemplo, la autoridad sanitaria de la Región de Arica y Parinacota estimó, de acuerdo con el registro de apellidos indígenas de los casos confirmados, que el 29 por ciento del total de casos, en esa zona, eran personas indígenas al 28 de junio. También algunos servicios de salud, en regiones, han elaborado algunos materiales educativos para pueblos indígenas que pueden consultarse en este enlace.

Gráfico elaborado por la antropóloga Pedrero que da cuenta de la vulnerabilidad que afecta a las comunidades indígenas en Chile frente al coronavirus.

Lo grave de este escenario, del todo insuficiente, es el impacto que podría tener la pandemia en los territorios tradicionales y rurales de los pueblos indígenas de Chile, en donde viven principalmente personas mayores, sabias, y que son la fuente viva de las culturas indígenas que, en este contexto, podrían morir y causar un nuevo etno-genocidio por la inacción del Estado chileno. A lo que se suma que, en las grandes ciudades, donde está el grueso de esta población, tampoco se ha implementado una respuesta específica que garantice la salud y el derecho a la vida.

Por lo mismo, ha habido intentos independientes por lograr de medir el impacto del covid-19 en los pueblos indígenas. Uno de ellos es el reporte del instituto de estudios indígenas e interculturales de la Universidad de la Frontera, en Temuco, en las comunas mapuche, disponible en este enlace. Otro es de la antropóloga Malva Pedrero, en Arica, sobre población indígena en sus posteos públicos de Facebook, con gráficos de información oficial procesada por ella misma, en donde ha encendido la discusión sobre las comunidades aymara del norte del país.

En su última publicación de datos, con información procesada al 13 de agosto, Pedrero detalló que, de las 20 comunas de Chile con tasas de casos actuales más altas, siete corresponden a territorios tradicionales indígenas: General Lagos (aymara), Ollagüe (quechua), Pica (aymara), Camiña (aymara), Pozo Almonte (aymara), Huara (aymara) y Putre (aymara).

La antropóloga Malva Pedrero comparte información del análisis del impacto del covid-19 en los pueblos indígenas de América Latina

Asimismo, constató, a la misma fecha de corte, que entre las 50 comunas con tasas de casos acumulados más altas, siete corresponden a territorios tradicionales: Ollagüe (quechua), Colchane (aymara), Pica (aymara), Huara (aymara), Pozo Almonte (aymara), Camiña (aymara) y Alto Bío-Bío (mapuche).

Pedrero, en un webinario (disponible en este enlace) convocado por la Red de Pueblos Originarios en respuesta al VIH, RENPO Chile, el pasado 8 de julio, en que se le pidió presentar cifras sobre covid-19, manifestó que la pandemia ha evidenciado los procesos de invisibilización de las desigualdades y de la injusticia social que afecta a los pueblos indígenas. Dijo que esto se expresa en la falta de enfoque étnico en los sistemas de información de salud, en la ausencia de mecanismos de participación y en no ser considerados una población clave, en cuanto pueblo, tanto en la respuesta al VIH como –ahora–  al covid-19.

Dijo que en todos los estados de América Latina, salvo Brasil, México y Colombia, con serias limitaciones, no se proporcionan datos abiertos para estimar el impacto de la última pandemia en estas naciones. En Chile, para poder obtener datos, la antropóloga hizo un ejercicio analizando las tasas de casos confirmados en aquellas zonas del país con mayor concentración de población indígena, detectando un mayor riesgo en los territorios aymara.

Comentó que esta invisibilización estadística sobre VIH y covid-19 no se corresponde con las leyes y reglamentos del estado chileno que lo obligan a entregar atención de salud con pertinencia cultural y a mantener un registro de notificación obligatoria de enfermedades infecciosas en que se incluya el autorreconocimiento de las personas indígenas. Además, criticó la falta de apoyo estatal a las iniciativas de estas comunidades en el control de sus territorios en contextos de pandemia y alertó sobre aquellos pueblos originarios con escasa población actual, como los yámana o kaweskar, en el extremo austral, en que la muerte de una sola persona por VIH o covid-19 puede amenazar la sobrevivencia de todo el pueblo y su cultura.

Las propias organizaciones indígenas han manifestado a la prensa estas mismas críticas al gobierno, por ejemplo, al indicar que los protocolos de atención de covid-19 vulneran sus derechos y sistemas médicos; o al denunciar a la Contraloría General de República, organismo autónomo que fiscaliza la probidad administrativa, que el Ministerio de Salud no ha llevado un registro estadístico sobre los enfermos y muertes durante la pandemia en sus comunidades.

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