Los distintos tipos de violencias contra la mujer persisten de manera alarmante y se manifiestan con  total crudeza en América Latina.  Esta situación es motivo de preocupación para los grupos que trabajan el tema debido a que cada año aumentan las cifras en los reportes de los diferentes países que conforman la región. Hoy día, las mujeres que viven en situación de violencia son más vulnerables, debido al confinamiento social con relación al COVID- 19 ya que en muchos casos están encerradas con sus agresores.

Distribución de participantes por etnia.

En ese contexto, diferentes organizaciones de la sociedad civil  y activistas independientes en República Dominicana han visibilizado a través de las redes sociales que en tiempo de COVID la violencia es un tema que no se debe olvidar ni dejar atrás, posteando mensajes solidarios para que las mujeres que viven algún tipo de violencia no se sientan tan solas. Esta iniciativa ha dado resultados positivos y se ha acompañado a algunas mujeres durante la cuarentena a hacer denuncias y, en al menos dos casos, reubicarlas en hogares temporales, fuera del alcance de su agresor.

Es  necesario, sin embargo, diseñar políticas públicas que garanticen la integridad de los miles de mujeres que se atreven a denunciar la violencia y encarar a sus victimarios, en la mayoría de los casos sin contar con el apoyo que a nivel judicial se requiere y sin respuestas efectivas del Estado. No podemos hablar de respuesta integral sostenible si no vemos esta realidad desde los ojos de quienes sufren la violencia día a día.

Un estudio que marcó un precedente

La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH Sida (ICW por sus siglas en ingles), marcó un precedente al realizar la primera encuesta regional sobre violencia en mujeres viviendo con VIH; esta se enmarcó en el proyecto Acelerando la Acción Regional  a Favor de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la no Violencia Hacia las Mujeres con VIH, mismo que se llevó a cabo en el periodo 2016-2018 con el apoyo de HIVOS.

El “Estudio Regional sobre Violencia y Mujeres con VIH en América Latina” es una investigación con, por y para las mujeres con VIH e integra a grupos específicos como mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes y garífunas de siete países de la región. Más del 50 % de las encuestadas refirieron haber sufrido algún tipo de violencia durante el último año, algunas de las violencias exploradas fueron la sexual, económica, emocional, institucional, física y las vinculadas al acceso a la salud y trabajo entre otras.

En cada renglón hubo hallazgos interesantes que denotan lo vulnerable que la sociedad convierte a las mujeres con VIH y que no existe un mecanismo efectivo que contribuya a disminuir el impacto de la violencia en sus vidas. Aunque en la mayoría de los países participantes existen leyes que castigan la violencia en todas sus expresiones, estas no se cumplen de manera eficaz ya que las rutas de denuncias son confusas y es común que las víctimas sean revictimizadas por las propias autoridades.

Violencia obstétrica

Entre los tipos de violencia más marcados está el concerniente a derechos sexuales y reproductivos, en este sentido, 57 % de las encuestadas contaron haber sufrido algún tipo de violación al momento del parto como son humillaciones verbales, negación a suministrarle analgésico, tardanza en las cesárea y coerción para ser esterilizadas; otras también explicaron como desde los mismos servicios se les recomienda no salir embarazadas porque no es “correcto” en mujeres con VIH.

“Ella estaba cubierta toda y se puso hasta dos guantes, estaba poniéndose una infinidad de guantes y decía que ella no estaba preparada para eso y que ella no hallaba qué hacer. Y empezó los insultos para mí, a decirme que personas como nosotras no deberíamos de parir hijos, traer hijos, desgraciarnos en nuestros hijos, infinidad de cosas, malas palabras. Y ella le dijo al resto del personal de salud: ‘ya le cayó agua, sangre en su ojo al niño, y ya bebió agua amniótica.’ Me dijo unas grandes palabrotas y en pocas palabras me dijo que yo había condenado al niño, que yo le había contaminado”, narra un testimonio recogido en el estudio.

En momentos de la pandemia del COVID-19 la violencia se vuelve más agresiva porque todas las miradas están enfocadas en este, es fácil para algunas prestadoras de servicios de salud simplemente decir que no hay atención, que solo para pacientes con COVID -19.

Trabajo y VIH

Otro tema importante es el condicionamiento de hacer la prueba de VIH para obtener un trabajo o hacérsela cada cierto tiempo para poder permanecer en el mismo. En República Dominicana, que tiene una de las tasas más altas de la región en prevalencia de VIH en mujeres, esta práctica subsiste, a pesar de contar con la ley 135-11 sobre sida que regula y sanciona -en teoría- esta mala práctica. Es irónico que desde el mismo Estado se genere esta vulneración, al igual que en las empresas de zona franca, una las principales fuente de empleo en el país; en el año 2016 la corporación de zonas franca –donde más del 60% de trabajadores son mujeres- firmó un acuerdo con el Estado dominicano para poner fin a esta práctica y emplear personas con VIH pero nunca ha sido respetado.

Más del 60% de trabajadores de las zonas francas son mujeres.

“Existe una alianza entre los empleadores y los laboratorios, te hacen la entrevista de trabajo y si calificas para el puesto te mandan a un laboratorio específico y nunca te vuelven a llamar”, dijo una mujer dominicana para el estudio, situación que persiste.

Múltiples violencias

Conforme a lo visto en el estudio las mujeres de la región, estas comparten similitudes en los tipos de violencia que viven así como el hecho de que aunque cuentan en algunos casos con leyes y normas que sancionan este delito, las rutas de denuncia no son lo suficientemente claras, lo mismo que el tiempo que se toman las autoridades para accionar, es muy largo y burocrático lo que las expone a sufrir mayor violencia como acto de represalia por su agresor. En otras ocasiones solo se limitan a conversar con algún familiar o allegado tratando de llegar a conciliación, hecho que la mayoría de las veces no funciona.

El estudio de ICW debía ser difundido durante todo el 2020 en los diferentes países participantes  para que cada grupo de país, en su propio contexto, tome las acciones de incidencia política que se requieren para colocar el tema en la agenda de los gobiernos de acuerdo a los datos específicos por país y regional. Esto no fue posible debido a la pandemia de COVID-19 y se ha hecho alguna socialización virtual pero no tiene el mismo impacto social ni político.

Correponsales Clave conversó con Mariana Iacomo,  de la ICW – Latina, sobre los planes que a futuro se tienen para mitigar el impacto de la violencia en las mujeres que viven con VIH. “Lo que teníamos programado era hacer incidencia política, pero el tema del COVID-19 ha cambiado la estrategia; por lo pronto, lo que estamos haciendo es desagregar los datos de la investigación para evitar que esta quede en las bibliotecas, por ejemplo en la Conferencia Regional de la mujer que se celebró en Chile, en marzo, hicimos una presentación con los datos desagregados de mujer con VIH y trabajo e invitamos a personas de ONU Mujeres y gobierno, ahora vamos a hacer un trabajo con los datos de jóvenes. Estamos súper atrasadas con los planes de presentar los resultados a los diferentes países ya que en el momento toda atención y todos los recursos están centrados en COVID-19. Por el momento, queremos presentar a fin de año los datos de Bolivia, ahora solo estamos incidiendo en la visibilizacion de los datos”.

Los equipos nacionales de investigación obtuvieron información de 955 encuestadas y 64 participantes en grupos focales, residentes en 19 distritos ubicados en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana, con diversas características sociodemográficas, económicas y culturales. Dos de estos países (Honduras y Guatemala) se encuentran entre los 20 países a nivel mundial con las tasas más altas de muerte violenta de mujeres y otros cuatro (Bolivia, Guatemala, Honduras y República Dominicana) se ubican entre aquellos con mayor porcentaje de mujeres que sufren violencia en la población que vive con VIH, según revela el propio informe.

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