En 2018, México realizó la transición a un nuevo régimen gubernamental. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -autodenominado de izquierda- brindaba la esperanza de un cambio positivo para los movimientos sociales progresistas.  Sin embargo, uno de los primeros mandatos de AMLO al llegar al poder fue la prohibición de otorgar recursos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG) bajo el argumento de erradicar la corrupción, lo que para la mayoría de las organizaciones que trabajan -o trabajaban- abordando la temática del VIH resultó en un golpe mortal.

Uno de los primeros mandatos de López Obrador fue la prohibición de otorgar recursos públicos a ONG.

La prevención del VIH en México durante más de una década había recaído en la operatividad de las ONG. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA) realizaba una convocatoria pública para que la ONG ganaran recursos con el objetivo de implementar proyectos de prevención de la infección en distintas partes de la República Mexicana. En algunas oportunidades, dichas convocatorias y sus procesos estuvieron rodeadas de cuestionamientos y de falta de transparencia,  y por otro lado, no existió una medición de la efectividad de las intervenciones que permitiera reconocer su impacto en la disminución de la incidencia del VIH.

Nacori López, profesora-investigadora de El Colegio de Tamaulipas y cuyas líneas de investigación son la defensa de derechos humanos, la acción colectiva y la violencia de género señaló: “Durante los dosmil, una de las principales críticas a un sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil, llamadas también Organizaciones No Gubernamentales, fue que asumieron actividades y acciones que le competían a los gobiernos, convirtiéndose en muchas ocasiones en consultoras de éstos. Lo anterior, trajo consigo una serie de prácticas no deseables, como la creación de organizaciones ad hoc a las convocatorias, o una excesiva dependencia de los presupuestos públicos. Aunque, otro sector de las organizaciones de la sociedad civil mantuvo una postura crítica, de exigencia al Estado en general y a los gobiernos en particular con diversos y variados repertorios, y con un fuerte y sólido discurso de derechos humanos.”

Durante dos años, el CENSIDA ha sido un elefante blanco que ha perdido la poca capacidad de gestión que tuvo.

Con la prohibición de AMLO, algunas ONG que dependían del financiamiento gubernamental tuvieron que terminar sus operaciones para siempre. Otras se transformaron, se convirtieron en una suerte de empresa en la que, ante la necesidad de cubrir rentas, servicios y salarios, realizan cobros a la comunidad, aunque no siempre son los más amigables. Sobrevivir era importante para éstas, aunque pudiese significar aportar a la privatización de la salud y olvidar la resistencia y lucha de los movimientos mexicanos de los noventa.

En este escenario, Miguel García Murcia, integrante de Salud, Derechos y Justicia, A.C. e historiador del movimiento de VIH en México, comenta: “Efectivamente hay una nueva circunstancia con el gobierno federal y quienes sobreviven bajo la identidad de activistas, en general, no han encontrado la forma de relacionarse, interactuar o, incluso, forzarle para para la implementación de políticas que garanticen el acceso a los servicios de prevención y atención del VIH. Dos cosas son necesarias: entender la nueva lógica gubernamental y la creatividad.”

Moralmente derrotadas

La oposición moralmente derrotada, frase que ha utilizado AMLO para referirse a quienes no concuerdan con su proyecto de gobierno, también puede ser una descripción de la situación de las ONG que trabajan en VIH. La derrota se puso de manifiesto no solo ante la prohibición de acceder a recursos públicos, sino cuando se volvió evidente que su capacidad de incidencia política se atrofió debido a su especialización en actividades de nivel operativo como repartir condones y hacer pruebas de VIH en masa, cuando la principal preocupación fue el sobrevivir o mantener un estatus socioeconómico, pero no el exigir o vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de prevención del VIH.

García Murcia señala al respecto: “La primera acción que pueden hacer las ONG es replantear su propia identidad. Es legítimo el trabajo asistencial y también el de los emprendimientos que cobran por sus servicios, pero lo realmente transformador es el papel crítico (y de autocrítica) y la capacidad política que necesita incorporarse de modo central en la identidad de las organizaciones de lucha contra el VIH. Lo anterior, implica formación en incidencia política y en contraloría social (con el Proyecto del Fondo Global se impartieron cursos al respecto, pero ningún curso de 4 días es suficiente). Estas acciones podrían mostrar que las políticas del Gobierno Federal no pueden contener la acción de las ONG”.

Además de esto, es importante evidenciar que no existe hasta la fecha una política pública de prevención del VIH a nivel federal. Durante dos años el CENSIDA ha sido un elefante blanco que ha perdido la poca capacidad de gestión que tuvo en años anteriores. Cancelar el financiamiento que se otorgaba a las ONG implicaba hacer las actividades que éstas realizaban, esto es, retomar la rectoría y ejecutar programas de mayor alcance e infraestructura, pero esto no sucedió. La sentencia de muerte también fue para la prevención del VIH.

En otra posición extrema, algunas organizaciones apuestan al asistencialismo en lugar del apoderamiento para el ejercicio de la ciudadanía, la vigilancia social y la denuncia. Consiguen donativos de medicamentos antirretrovirales y los brindan a personas que enfrentan obstáculos en el sistema de salud. Claro, es entendible la urgencia por tener el medicamento, pero estas prácticas también contribuyen a invisibilizar la problemática y a no promover un cambio estructural en materia de procesos administrativos para el surtimiento y abastecimiento oportuno de medicamentos. Conjuntamente, es discutible el manejo adecuado de los medicamentos como lo es su almacenaje, transportación, etc.

A lo lejos se escuchan voces de la sociedad civil intentando hacer resistencia, pero al final terminan perdiéndose ante el poder absoluto de la voz de AMLO y el sonar fuerte de la promoción de los servicios sensibles y especializados de las ONG emprendedoras. Además, el ahorcamiento económico no deja que el aire para alzar la voz sea suficiente.

García Murcia señala también que “es necesario reconstruir un soporte comunitario para las ONG. Conectar con la comunidad permitiría incorporar recursos a los trabajos (desde habilidades personales, información y enfoques novedosos, hasta aportaciones materiales), pero sobre todo reforzaría la legitimidad de las acciones y demandas de ONG. Acá, la experiencia, la creatividad y mucha autocrítica son necesarias.  Finalmente, algo que puede contribuir a la recomposición de las ONG frente a las nuevas condiciones creadas por la política del Ejecutivo Federal frente a la sociedad civil, es conectar con otros movimientos sociales relacionados con el derecho al acceso a la salud, con el derecho a la justicia social y económica, etc.

Por su parte, López precisa que: “en cierto sentido, y por la construcción, objetivos y visión de cada una de las organizaciones de sociedad civil, no todas podrán “sobrevivir” al recorte de recursos gubernamentales. Sin embargo, si se quiere trascender e independizarse de dichos recursos es necesario abrazar el discurso de derechos humanos para enmarcar sus acciones; fortalecer sus mecanismos de exigencia hacia el Estado a través de repertorios creativos; generar alianzas y redes estratégicas con organizaciones afines; fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones al interior; y buscar financiamientos externos.

Los puntos en común

Las opiniones del Dr. García y de la Dra. López, que además de tener la perspectiva académica también tienen la del activismo social, coinciden en elementos como la creatividad, la generación de alianzas y con el mejoramiento de la capacidad política de estas. Encontrar el equilibrio entre la supervivencia, la exigencia al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones y el aseguramiento del derecho a la salud es una tarea complicada para las ONG mexicanas.

Esperemos que la sociedad civil moralmente derrotada pronto resucite y gloriosamente recupere su alma combativa tan necesaria en estos tiempos (cuasi) progresistas. Es urgente una renovación del movimiento de lucha contra el VIH o, mejor dicho, una oposición socialmente victoriosa.

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