Por Jessica Morales Álvarez.-

Al referirnos a la violencia contra las mujeres en Colombia, las estadísticas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS;2015) afirman que aproximadamente 3 de cada 10 menciona haber sufrido violencia física por parte de su pareja o expareja; y según el Informe Forensis, durante 2018 cada día fueron asesinadas 3 mujeres en promedio, una en el lugar donde debería estar más segura: su casa, el escenario donde han transcurrido todos estos meses de pandemia.

En Colombia se inició la cuarentena el 25 de marzo, tras conocerse los primeros casos positivos de coronavirus. Según pasaban los días y aumentaban las cifras de contagio se posponían las fechas de reapertura. De los 150 días que duró el país en confinamiento obligatorio se pudo evidenciar que, además de la afectación sanitaria y la tensión sobre el sistema de salud, el aumento de la ansiedad en la población, la imposibilidad para trabajar con la consecuente disminución de recursos económicos de muchas familias colombianas y los servicios de atención en salud comprometidos solo con los efectos del virus, se aumentó el riesgo de violencia en contra de las mujeres dentro de sus viviendas y disminuyeron el número de denuncias.

En Ibagué, la segunda ciudad con mayor índice de desempleo del país (32,7%) según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), no son tan evidentes los casos de violencia contra las mujeres debido a la falta de contacto con las sobrevivientes y la dificultad de estas para pedir ayuda por medios no presenciales, como lo mencionan en el boletín Cifras de violencia contra la mujer en emergencia de COVID-19 emitido por el Centro de Información Municipal (CIMPP).

“las atenciones tuvieron una evidente disminución, la cual podemos atribuir a la contingencia nacional con ocasión de la pandemia COVID-19, durante la cual no ha disminuido la violencia contra las mujeres, pero si el número casos que llegaron a la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, ello justamente porque se desconocían los nuevos canales de atención, distintos al presencial, el cual fue suspendido desde marzo de 2020”.

En el mismo informe, según estadísticas de la Fiscalía General de la Nación seccional Tolima, durante el primer semestre del 2020 se notificaron 336 denuncias de violencia intrafamiliar, registrando casos solo en los primeros cuatro meses, así como 111 delitos sexuales y 64 homicidios dolosos- culposos, de los cuales en la mayoría de los casos la principal víctima son las mujeres.

Por otro lado, las organizaciones que viene trabajando con las sobrevivientes desde antes de la pandemia aseguran que este tipo de violencia se ha hecho aún más invisible. La imposibilidad de movilización y el poco contacto de las organizaciones con las víctimas invisibiliza las estadísticas, como lo menciona Carolina García psicóloga de la Fundación Yapawayra en el Conversatorio online, del pasado 15 de octubre, Violencia de género y COVID- 19 “las mujeres están silenciadas, los reportes en cifras que no son evidentes, la violencia contra las mujeres se queda en el ámbito privado y no tiene medios de comunicación para poder reportar sus violencias y, como fundación hemos en muchos casos perdido el rastro con mujeres con las que ya veníamos haciendo seguimiento en procesos atencionales”.

Si en momentos anteriores fue difícil el acceso como víctima a los entes judiciales para denunciar, fuese por desconocimiento a dónde acudir, por el exceso de trámites que conlleva o por incapacidad del personal encargado de recibir las denuncias, en momentos de pandemia era casi imposible. “Las barreras de acceso a la justicia se hicieron más evidentes: teléfonos a los que no se puede acceder en lo que respecta a Ibagué, correos mal escritos a nivel público en las rutas de atención, si muchas veces no era atendida de manera presencial, mucho menos a un teléfono. Uno de los grandes retos que tenemos es evidenciar que no es de voluntades, es que se tiene que garantizar el acceso” agrega Carolina García.

Es por eso que se puede decir que la coyuntura del COVID 19, ha constituido un retroceso en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres, que tristemente trae consigo muchas más víctimas de todos los tipos de violencia, física, económica, sexual; en especial de la más silenciosa de todas, la violencia psicológica, la más difícil de demostrar y una de las más prolongadas.

Frente a esta situación, el Estado colombiano debe poner en marcha acciones que respondan al contexto de violencia hacia las mujeres y protegerlas. Adecuando canales de denuncia, ayuda y rescate para facilitar el acceso a justicia y resguardar la integridad física de miles de mujeres.

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