Desde el 19 de marzo, cuando inició el confinamiento social, hasta la fecha, las personas con VIH han vivido meses de mucha tensión emocional por la situación precaria en que vive la mayoría. En el país, pese a que existe la ley 155-11 sobre sida, son muchas las violaciones de derechos que sufren estas personas, sobre todo para el acceso al trabajo, ya que realizarse la prueba es un requisito, incluso en algunas instituciones del estado.

El último 16 de agosto se eligió a un nuevo presidente que aún no se pronuncia por la situación de las personas con VIH.

Esta mala práctica obliga a un alto número de personas a dedicarse al trabajo informal para poder costear sus necesidades esenciales.  En este tiempo de pandemia y aislamiento, muchas de ellas han quedado a la deriva ya que debieron cerrar sus negocios dedicados a la venta de productos de distinta índole, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y el acceso a medicación, entre otros.

Florencia es una mujer de 57 años que vive con su hija que también tiene VIH, no tiene documentos por lo que no puede aplicar para el programa de asistencia del Estado; tenía un puesto de venta de empanadas que tuvo que cerrar, esto la obliga –hoy- a vender mascarillas, alcohol y gel desinfectante por las calles de su barrio para poder comer.

Entre las medidas que tomó el gobierno dominicano están ausentes aquellas que puedan atender a personas con VIH, que protejan su dignidad y reduzcan su vulnerabilidad al contagio del coronavirus.

Corresponsales Clave contactó a líderes de diferentes partes del país para sondear la situación de las personas en diferentes lugares y los hallazgos fueron muy parecidos. Conversamos con la licenciada Ingrid Breton, directora de la Fundación Grupo Paloma, ubicada al Este del país, y nos contó que envió un listado de 80 personas a la administradora de subsidios sociales, a través de la coalición ONG sida, pero solo 12 fueron admitidas y 10 han podido comprar alimentos (en ocasiones hay retrasos en los depósitos del dinero), estos bonos tienen un valor de 100 dólares por mes (aproximadamente) y son específicamente para comprar alimentos. Deja fuera otras necesidades como medicamentos para comorbilidades y artículos de aseo personal.

En este contexto, algunas organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Fundación Tabernáculo de Restauración y Fundación Manos que Esperan, canalizaron recursos para apalear la situación durante las primeras semanas de la cuarentena y priorizaron los hogares donde viven niños y personas adultas mayores para proveer antihipertensivos, insulina y metformina pero no ha sido de manera sostenida por lo limitado de los recursos.

Abandono de tratamiento antirretroviral

A la falta de trabajo, se suma el aumento de casos de abandono a los servicios de atención por miedo a exponerse al virus, falta de dinero para movilizarse y, en algunos casos, falta de transporte, ya que algunos pueblos fueron cerrados totalmente. Estas importantes brechas no fueron tomadas en cuenta en el plan de contención y respuestas del Estado, como tampoco la provisión multimensual para tres o seis meses como fue recomendado por ONUSIDA y OMS.

Tanto en Santo Domingo como en otras provincias del país fue necesario articular con personas aliadas, pacientes y organizaciones de la sociedad civil para poder llevar los medicamentos hasta las personas que no podían desplazarse.  La licenciada Olga Moquete quien dirige Lluvia de Bendiciones en la provincia de Samaná, al norte de Santo Domingo, contó a Corresponsales Clave cómo responden, en coordinación con el hospital donde brinda servicios, a los usuarios que por una u otra razón no pueden llegar al servicio:  “para nosotros es toda una odisea porque sabemos que no deben parar su tratamiento y no tienen forma de llegar al hospital, no existe un personal asignado para esos fines por lo que nos vemos en la obligación de pedir favor a amigos que tengan vehículos y en otros casos hemos llegado a mandarlo con otros usuarios. A veces no ha habido disponibilidad de medicamentos para enviar más de un mes lo que complica aún más la situación.”

Conversamos con 30 usuarios de cuatro centros de servicios y solo dos afirmaron estar recibiendo algún tipo de ayuda del Estado, todos coincidieron en exhortar que sean tomados en cuenta a la hora de decidir ya que entienden que el tema del covid durará mucho tiempo y, aunque se ha ido reabriendo el comercio, han gastado sus ahorros y tardarán en recuperarse.

El último 16 de agosto, hubo cambio de gobierno y hasta el momento el nuevo presidente no se han referido al tema, a pesar de que en sus discursos de campaña, siempre hizo hincapié en la la inclusión y expresó su compromiso de no dejar fuera las personas vulnerables.

Desde este espacio hacemos un llamado al equipo de gobierno que guiará el país por los próximos cuatro años a conversar con los líderes de la sociedad civil que representan a las poblaciones clave a fin de diseñar políticas públicas inclusivas que no dejen fuera a los más vulnerables en época de covid-19.

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