Frente a las graves denuncias internacionales de hostigamiento y crímenes de lesa humanidad, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, afirmó este domingo 27  de septiembre en un programa de televisión que es el momento de hacer una reestructuración, no solo a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sino de todos los cuerpos policiales y Policía Nacional Bolivariana (PNB) del Estado Venezolano, aunque el Fiscal General negó que en Venezuela se cometan Crímenes de lesa humanidad, admitió que si ha habido violación de Derechos Humanos en el país: “se han cometido violaciones de Derechos Humanos y se han imputado y condenado agentes de seguridad del Estado, Militares, funcionarios policiales; eso lo ha hecho el Ministerio Público, porque es prioridad del Estado” dijo.

El fiscal general de la República dijo que es momento de hacer una reestructuración.

Las acciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) han afectado a las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH. Los primeros días de setiembre, en la sede de ACCION SOLIDARIA en Caracas, sin orden judicial y violentando las garantías constitucionales del debido proceso, la FAES decomisó medicinas y detuvo a 08 personas; una situación parecida tuvo lugar el 15 de febrero de 2019 en la sede de la FUNDACION MAVID, en Valencia, Estado Carabobo, cuyos hechos fueron ampliamente documentados y que llegaron a constituirse en hechos públicos, notorios y comunicaciones al igual que los ocurridos los primeros días de Septiembre de este 2020.

El caso de Acción Solidaria en Caracas

Como fue de conocimiento público, el lunes 7 de septiembre, transcurrido el mediodía una comisión de las FAES realizó un operativo en la sede de Acción Solidaria en Caracas, Capital de la República Bolivariana de Venezuela, luego de una presunta denuncia sobre manejo irregular de donaciones de medicinas del Programa de Acción Humanitaria, por parte de un miembro de dicha organización.

Durante el operativo, miembros del personal de Acción Solidaria presentes en la organización fueron detenidos y se incautaron medicinas y equipos. Desde su llegada a la sede de la organización y durante el tiempo en que las personas estuvieron en custodia de las FAES, abogados y familiares no pudieron comunicarse con ellas ni se recibió información sobre las razones del procedimiento.

Los primeros días de setiembre, un operativo de la FAES incautó medicamentos de Acción Solidaria y detuvo a ocho de sus miembros.

Activistas y defensores de Derechos humanos, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil venezolana, compartieron en la preocupación en redes sociales por la integridad física y psíquica del personal de la organización y exigieron su liberación inmediata. Además el Equipo de Acción Solidaria, contactó a las instituciones responsables de velar por la protección de actores y organizaciones humanitarias, tanto por parte del Estado venezolano como de las Naciones Unidas.

Feliciano Reyna, en un comunicado dirigido a la opinión publica en fecha 09 de septiembre de 2020 publicado en twitter, destacó el trabajo de Acción Solidaria en los últimos 25 años y sus acciones “para contribuir a atender la compleja emergencia que atraviesa el país, en coordinación con agencias y órganos del sistema humanitario internacional. Este programa es completamente gratuito y tiene como único propósito prestar asistencia y proteger los derechos de las personas con necesidades de salud.”

En el comunicado, Reyna señala que Acción Solidaria recibió respuesta inmediata de parte de las instancias oficiales del Estado venezolano, en este caso de la Cancillería, y que coordinaron con la Dirección Nacional de las FAES para que se les informara sobre la motivación de la acción. Todas estas diligencias con el sector gubernamental permitió que al final de la tarde, el personal de Acción Solidaria fuese liberado y la carga incautada devuelta en su totalidad.

Por otra parte, el comunicado público señala que “Las organizaciones humanitarias invitan a que de manera armónica exista un entorno habilitante y de protección, porque cuando su accionar es obstaculizado, termina afectándose a las personas a quienes sirven, ya muy vulnerables”. Por ello, incluso en caso de existir razones para alguna investigación o procedimiento por parte de algún órgano del Estado, es imperativo que se garantice la comunicación, el debido proceso, la integridad del personal humanitario y el resguardo de los implementos e insumos que forman parte de los programas que se impulsan en beneficio de la población.

En 2019, las FAES allanaron las instalaciones de Mavid, en Carabobo.

Caso Fundación MAVID

El 15 de febrero de 2019, mientras Eduardo Franco, Director de MAVID, se dirigía a la Ciudad de Caracas a una reunión con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), vecinos de la oficina de MAVID informaron que se estaba desarrollando un allanamiento arbitrario en la sede de la Fundación con el ingreso violento, sin orden judicial previa por parte de cuerpos de seguridad del Estado (CICPC). Los funcionarios policiales violentaron las cerraduras y forzaron las rejas de hierro de la sede de MAVID. En dicho procedimiento fueron detenidos arbitrariamente 03 de sus directivos que luego fueron liberados.

El Ojo del Huracán

Es oportuno señalar que el rol de los y las defensoras de derechos humanos (DDHH) y de las organizaciones no gubernamentales es fundamental para la profundización y existencia de la democracia y el Estado de Derecho. En Venezuela, el ordenamiento jurídico asegura y garantiza el derecho de asociación y el derecho a la participación ciudadana a través de diversos mecanismos. No obstante, en los dos últimos años se han producido eventos y procedimientos que reflejan graves afectaciones a la libertad de asociación, dado que desconocen la actuación autónoma, participación pública y expresión de las asociaciones civiles, además de restringir en forma arbitraria y discriminatoria actividades de información, educación y de defensa de los derechos humanos.

Ya en 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió incorporar a Venezuela en el Capítulo IV de su Informe Anual, señalando que ese año ocurrieron en Venezuela asesinatos de defensores y defensoras de DDHH, el uso abusivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones públicas, así como el uso del sistema penal con el objeto de obstaculizar su labor en Venezuela. Lejos de cesar, esta situación se ha intensificado.

Existen numerosas trabas gubernamentales a las ONG que condicionan su participación en asuntos públicos, en virtud del origen del financiamiento, de sus integrantes o de su forma de organización y algunas han cambiado su objeto para poder registrarse legalmente.

Hostigamiento sistemático

Defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela han enfrentado incomparables obstáculos, varios de los cuales configuran violaciones de sus derechos humanos. Al respecto, la CIDH en varios informes ha hecho referencia a los actos de hostigamiento, amenazas y ataques contra la integridad personal y contra la vida de defensores y defensoras en Venezuela, así ́como a la impunidad en que permanecen estos hechos.

Es menester cumplir con las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su último informe sobre Venezuela, en el cual manifestó que “El Estado parte debe adoptar las medidas necesarias para: a)Ofrecer protección efectiva a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y abogados que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques a causa de su trabajo de monitoreo e información sobre cuestiones de derechos humanos y otras cuestiones de interés público; b)Garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la oposición política o en sus derechos en virtud del Pacto; c)Asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a actos de intimidación, amenazas y ataques y que los autores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.”

Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en una entrevista realizada el 28 de septiembre de 2020 por Hispano Post,  expresó que “la reestructuración sin justicia es insuficiente” y añadió que deben realizarse investigaciones exhaustivas  a fin de establecer las responsabilidades derivadas de cada una de las acciones que violentaron Derechos Humanos en Venezuela.

Defender los derechos humanos no es un crimen y debe garantizarse plenamente el libre accionar de las organizaciones no gubernamentales y de las y los defensores de derechos humanos en Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH en Venezuela están desarrollando legal y legítimamente su misión, y cualquier acto de criminalización y persecución contra sus miembros y en contra de sus instalaciones es inaceptable.

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