Por Héctor Calisaya.-

En Córdoba, Argentina, Jorge (*), un joven con VIH, perdió su trabajo en marzo, tras el comienzo de la cuarentena por covid-19 dispuesta por el Gobierno y la reducción de la actividad económica en el país.

Tras meses de postulaciones, en medio de las dificultades vinculadas a las medidas de confinamiento, pudo concretar una postulación a un centro de atención telefónica que gestionaba servicios tercerizados de otras empresas. Inició el proceso de selección laboral por medios virtuales y, finalmente, pudo conseguir uno de los puestos ofrecidos.

Entre los estudios solicitados estaban los análisis de VIH y sífilis.

Para finalizar el proceso se le indicó que debía realizarse los estudios preocupacionales de rutina que son exámenes médicos sobre la condición de salud general del postulante que deben realizarse en una empresa de medicina laboral. Jorge comentó que en el momento que le entregaron el formulario para los exámenes, entre los estudios solicitados estaban los análisis de VIH y sífilis (VLDR), lo cual le llamó la atención.

Conocedor de la ley, expresó su disconformidad e indicó que no se realizaría estas dos pruebas que figuraban en el formulario y exigió que solo le realizaran las pruebas previstas por ley, ya que dijo que “esto constituye una violación a los derechos y a la confidencialidad, regidas por las leyes vigentes”.

Jorge se contactó con el periodista y miembro de la Red de Adolescentes y Jóvenes Positivos (RAJAP), Gonzalo Valverde, para obtener información sobre cómo enfrentar esta situación y asesoramiento de cómo proceder, además de contención emocional. Así, tomó la decisión de dar a conocer lo sucedido a través de la prensa, sin avanzar en un proceso legal ni administrativo, bajo protección de su identidad, para que otras personas tomaran conocimiento de estas acciones y supieran a dónde acudir en el caso de que les ocurra lo mismo.

El joven logró finalizar el proceso de selección y fue contratado.

Una práctica ilegal

Gonzalo Valverde comentó a Corresponsales Clave que el marco legal vigente prohíbe la realización de los estudios de laboratorio para VIH en los exámenes preocupacionales para postular a un puesto de trabajo y que hacerlo constituye una violación a las leyes vigentes. Las personas afectadas por esta acción pueden recurrir a la justicia. Señaló también que es grave que persista esta práctica por parte de algunas empresas y de los servicios de medicina laboral que ellas contratan. Este hecho, dijo, se puede atribuir al desconocimiento legal sobre la materia y a la persistencia del estigma sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Gonzalo Valverde, periodista y miembro de la Red de Adolescentes y Jóvenes Positivos (RAJAP).

El integrante de RAJAP comentó que esto perpetúa el estigma y la discriminación y conduce a la precarización laboral de las personas con VIH, ya que muchas terminan optando por la informalidad laboral, donde no se deben someter a la realización de estos exámenes preocupacionales.

Manifestó que muchas de las personas afectadas se enfrentan a dos situaciones puntuales. Primero, la violación del derecho a la confidencialidad del diagnóstico, que puede llevar a la interrupción del proceso de selección para el puesto o el acoso laboral que puede desencadenar en la pérdida del puesto laboral por renuncia.

En ese caso, Valverde enfatizó que se puede iniciar una acción legal a través del Defensor del Pueblo, del cuerpo de asesoramiento legal de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH/sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Virales, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o de forma particular a través de abogados.

Además, afirmó que evidencia una gran falta de educación sexual integral (ESI) y de trabajo por parte del Estado en campañas de educación, prevención, divulgación (como por ejemplo del concepto de Indetectable=Intransmisible) y de acciones punitivas concretas a quienes infrinjan la ley.

Valverde destacó el papel de las redes de personas con VIH en apoyar a sus pares en estas situaciones, darles asesoramiento legal y contención debido a la incertidumbre que genera perder el empleo en este contexto de pandemia de covid-19, en donde las oportunidades de trabajo se han vuelto muy difíciles. Indicó que es fundamental generar espacios de reflexión, trabajo, capacitación, formación y discusión con los diferentes actores involucrados en esta problemática, tales como: personas con VIH, trabajadores, sindicatos, organismos y agentes del Estado, empresarios y agencias de empleo, entre otros.

Esta mala práctica laboral genera la vulneración de los derechos laborales y económicos de las personas con VIH, lo que tiene repercusiones sobre la adherencia al tratamiento antirretroviral y la salud en general y pone límites a su desarrollo como individuos plenos y activos de la sociedad. Esta es una situación aún vigente en la sociedad argentina y requiere que todos los ciudadanos hagan algo para poder cambiarla.

(*) El nombre de esta persona se mantiene en reserva para cumplir con la normativa vigente en Argentina sobre confidencialidad de diagnóstico.

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