Luego de una acalorada sesión de 24 horas, la cámara de diputados de la Argentina dio media sanción a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo enviada por el Ejecutivo nacional.

Esta ley, que logró 131 votos a favor, propone que las mujeres, al momento de decidir, tengan un Estado que las contenga desde lo psicológico, antes y después del aborto. Además, que la interrupción se pueda hacer de manera segura en un hospital, sin ocultarse en la clandestinidad, con los riesgos que eso conlleva. El plazo es hasta las catorce semanas de gestación y no puede haber objeción de conciencia institucional: si un médico decide no realizarlo, se debe garantizar que otro médico lo efectivice. La Ley será vista en el Senado el 29 de diciembre.

Con 131 votos a favor y 117 en contra, se logró media sanción para la Ley de interrupción del embarazo.

En el año 2018, otra ley parecida a esta había logrado media sanción en diputados, pero luego cuando paso por la segunda media sanción, en cámara de senadores, fue rechazada. La entonces expresidenta de la Argentina que administraba la sesión, Gabriela Michetti, alegó una frase poco afortunada al decir “¡Vamos!” cuando la votación dio la negativa y se retrocedió en su promulgación.  En aquel debate, incluso, se llegaron a emparentar a las mujeres con las perras hembras que sus dueños dan en adopción a sus cachorritos luego de tener crías.

El debate de este año, por suerte, no llegó a puntos tan extraños. Sin embargo, se han escuchado decir a ciertos diputados que Dios “emanaba” una vida en el vientre y otras cuestiones bastante oscurantistas. Por esto, se torna necesario, no solamente la aprobación de esta ley, sino también la capacitación incluso de las altas esferas gubernamentales en perspectiva de género y derechos sexuales y reproductivos. Sobre todo, para la obtención de mejores argumentaciones, basados en los derechos humanos, sean a favor o en contra de una ley.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo no plantea un problema metafísico ni ético o moral, sino que es un debate de salud pública, de qué mecanismos debe poner el Estado a disposición para las mujeres que deciden cursar o no seguir cursando su embarazo. Al mismo tiempo que esta ley, se está debatiendo la ley de los 1000 días, que propone el acompañamiento de la persona gestante durante el embarazo y los primeros años de vida del niño o la niña. Es decir, decidir es un derecho de la persona gestante, pero si tanto esa persona quiere o no quiere cursar su embarazo, se pretende contar con una ley que la respalde para que su decisión sea respetada.

En definitiva, la mujer tiene decisión sobre su cuerpo y debe tener los recursos estatales a su disposición para decidir si quiere o no tener un hijo. Como dicen las feministas argentinas: “Mi cuerpo, mi territorio”. Que así sea.

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