El debate de las organizaciones involucradas en la convocatoria para el Índice de Estigma y Discriminación inició desde el pasado 24 de noviembre, cuando la Liga de Lucha contra el SIDA – LigaSIDA, en conjunto con la Fundación IFARMA, enviaron un reclamo a la entidad administradora de los recursos del Fondo Mundial en Colombia, Enterritorio, para que la entidad subsanara un error cometido, en el cual no se había tenido en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y personas directamente afectadas con el estigma y la discriminación. El reclamo, además, insistía en la necesidad de trabajar con las organizaciones que ya han realizado este proceso y mostraba la importancia de hacer parte de él, en la medida que fueron aquellas quienes diseñaron el manual para dicho protocolo de investigación.

Algunos activistas y el MCP alegaron que el proceso de convocatoria no incluyó a las poblaciones afectadas.

Algunos líderes y miembros de las organizaciones como Jorge Pacheco, director de la LigaSIDA, alegaban que en el proceso no se contó con todos los actores necesarios, ya que no involucró a las personas directamente afectadas, quienes además ya hicieron parte integral de las anteriores versiones.

Andrés Mauricio Oyola, gerente de proyectos de cooperación internacional, en nombre de Enterritorio, respondió a las entidades indicando que dicha solicitud estaba fuera de los tiempos establecidos y que en la lista de interesados, en la cual podían participar las organizaciones de la sociedad civil, en ningún momento se demostró el interés por parte de ellos u otros agentes civiles en participar. En el documento de respuesta de EnTerritorio se percibe un desconocimiento de las capacidades técnicas de la sociedad civil pues hace énfasis en que: “es imprescindible que la organización que vaya a liderar la investigación cuente con los recursos necesarios (humanos, tecnológicos, físicos), con la experiencia en la generación de conocimiento científico, y que tenga reconocimiento por la máxima autoridad en el campo de investigación en el país”.

Corresponsales Clave habló sobre la situación con Jorge Pacheco, director de la LigaSIDA,  quien ratificó la denuncia con la cual buscó llevar su voz a otras instancias, no solamente legales: “es un ataque directo a sociedad civil”, indicó y añadió que más allá de las pruebas, existen los testimonios de la inconformidad de las personas entorno al trato que se le viene dando a las organizaciones civiles en los programas que se vienen realizando: “nos preocupa porque se volvió una práctica habitual, invitan a sociedad civil a ciertas cosas y en otros casos nos excluyen”, señaló Pacheco. Agregó que constantemente no se invita a participar a las ONG y precisa que “ha sido una pelea con sociedad civil, porque no le gusta que le lleven la contraria”.

El MCP expresó su extrañeza por la ausencia de mención explicita a poblaciones afectadas en la convocatoria.

En el mismo sentido, el Mecanismo Coordinador de País (MCP) expresó en un documento dirigido a EnTerritorio, que “Sin desconocer las capacidades que universidades o centros de investigación puedan tener para llevar a buen término el estudio, dentro del ánimo que impulsan los proyectos del Fondo Mundial y de la política de fortalecimiento de las organizaciones de la Sociedad civil que impulsan los proyectos suscritos por Colombia, no deja de causar extrañeza el hecho de que no se haya considerado a las personas directamente afectadas como actores de primera línea en la realización de la encuesta”.

En la entrevista con Jorge Pacheco, las conclusiones más evidentes parten de que toda esta situación genera debilitamiento de las organizaciones, pues se cierra la puerta al mantenimiento de los principios con los que fue creado el Índice de Estigma y Discriminación: por la sociedad civil, para la sociedad civil; lo cual beneficia el trabajo entre pares en pro de las personas que viven con VIH, que son o han sido estigmatizadas.

A su vez, al realizar la investigación sin las organizaciones de sociedad civil se involucra un intermediario que posiblemente se beneficiaría económicamente, más allá del aporte real que pueda hacer para el objetivo final del proyecto. Contratar una universidad, explica Jorge, significa que esta finalmente tendrá que subcontratar a las organizaciones para realizar el trabajo de campo, y eso significaría que no necesariamente se reconozca el trabajo a un precio justo debido a los múltiples intermediarios involucrados.

Un mes después, Enterritorio tuvo que cancelar la convocatoria por medio de una notificación del pasado 24 de diciembre que reconoce la lucha o disputa legal de los organismos de la sociedad civil. En el documento se señala las comunicaciones del MCP y se cita “la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil “sean actores de primera línea en la realización de la encuesta”.

Esta cancelación de la convocatoria abre la puerta para desarrollar un proceso más incluyente y participativo durante el 2021 donde se contemple, en primera instancia (y en todas las instancias), a las organizaciones de la sociedad civil.

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