Por Gustavo López.-
El proyecto de la nueva ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e ITS perdió nuevamente estado parlamentario el 31 de diciembre pasado. Su tratamiento depende ahora de su inclusión en las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.
A pesar de haber pasado las Comisiones respectivas (Salud y Presupuesto), los y las integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación no trataron el proyecto en el recinto y, una vez más, perdió estado parlamentario. Es decir, ya no se puede tratar en el recinto de la Cámara de Diputados. Sin embargo, existe una posibilidad para que ello ocurra: que el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, decida incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias que vencen el 29 de febrero de 2022. ¿Será eso factible?
En septiembre de 2020 desde el Frente por la Salud de las Personas con VIH y con la firma de 30diputados y diputadas de diversos partidos políticos se había presentado un proyecto legislativo con la finalidad de que se sancione una ley de VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis (TB) e Infecciones de Trasmisión sexual (ITS), superadora de la precedente ley 23.798 del año 1990. El proyecto de ley (Expediente 5040-D-2020) pretendía dar una respuesta integral a las personas que viven con VIH, pero además, como novedad, incorporaba a las personas con hepatitis virales, tuberculosis y otras ITS. Asimismo, declaraba a la ley de interés público nacional, garantizaba la cobertura universal y gratuita, además de la confidencialidad y protección de datos personales; pero además incorporaba capítulos específicos sobre derechos laborales, jubilaciones y pensiones, sobre mujeres y personas con capacidad de gestar, derechos de niños y niñas y personas privadas de su libertad, entre otros.
No es la primera vez que se presenta un proyecto similar. Desde hace 7 años, distintas personas y organizaciones que conforman el Frente por la Salud de la Personas con VIH vienen proponiendo un cambio legislativo a fin de modificar la ley vigente. Sin embargo, no hubo grandes avances, lo que parecería significar que a los Poderes del Estado no les interesaría las cuestiones de salud pública vinculadas con las patologías que el proyecto de ley prevé.
No obstante la ley de 1990 fue muy valiosa al tiempo de su sanción, necesita adaptarse a las nuevas realidades, a los nuevos paradigmas de derechos humanos que se incorporaron a nuestro derecho local a partir de la modificación de la Constitución Nacional, al incorporar en el art. 75 inc. 22 los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. La ley vigente, por ejemplo, no prohíbe las pruebas de VIH en los exámenes preocupacionales y muchas empresas lo siguen pidiendo y excluyendo, así, del mercado laboral a personas con VIH, a pesar que en Argentina existe la Resolución 270/15 que establece en su artículo 4 que “Podrá ser motivo de denuncia por violación de las Leyes Nros. 23.592, 23.798 y 25.326, la exigencia de realización de estudios de laboratorio con el objeto de detectar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o V.I.H. en los postulantes a trabajador o trabajadora dentro de los exámenes preocupacionales”. Sin embargo no hay una prohibición expresa y son cuantiosas las denuncias que se reciben en INADI, Ciclo Positivo, RAJAP, NEXO AC, la FALGBT y otras organizaciones sobre personas con VIH que no son admitidas en sus puestos de trabajo tras la realización de estos exámenes.
Gastón Llopart, abogado e integrante del Frente por la Salud de las Personas con VIH manifestó a Corresponsales Clave que, además, el proyecto “...luego de obtener los votos favorables en las Comisiones de Salud y Presupuesto, al circular, la UIA (Unión Industrial Argentina) se manifestó en contra por los derechos sociales y particularmente por los derechos laborales que allí se reconocían, de lo cual se derivó, a mi entender, la pérdida de estado parlamentario del proyecto”.
Como señalábamos arriba, el proyecto incluye también un capítulo sobre mujeres y personas con capacidad de gestar, y otro apartado para garantizar la salud de niños y niñas, con perspectiva de género. Mariana Iacono de ICW Argentina explicó que “es muy importante que salga una ley de las características de este proyecto a raíz del impacto regional que produciría, tal como ocurrió con la vigente ley de Sida, pero además es importante también destacar la importancia del tratamiento de la cuestión de género y mujeres que no está abordado en la ley actual” y, por ello, considera urgente poder tener una ley actualizada.
El proyecto también trata, entre otras cuestiones, la producción pública de medicamentos y prioriza el estigma y la discriminación que padecen las personas con VIH en el acceso a trabajo o a créditos hipotecarios.
proyecto incorporaba además de las personas con VIH a las que tienen Hepatitis virales. “Se desconoce absolutamente la urgencia de aprobar esta ley que significará mayor calidad de vida pero también un ahorro en el gasto social y sanitario a corto, mediano y largo plazo” nos comenta María Eugenia de Feo de la Fundación HCV sin Fronteras, quien también acota que “La falta de información impide el acceso al sistema de salud y el acceso a derechos sociales y laborales, en 2018 fallecieron más de 5.810 personas por enfermedades relacionadas con hepatitis viral desatendidas, según consta en el Boletín de epidemiologia del Ministerio de Salud. Los derechos de las personas con Hepatitis viral, en la actualidad, no están contemplados bajo ninguna ley, por tal motivo es necesaria y prioritaria la existencia de la misma.»
Rubén Marone, de NEXO AC, considera que “es necesaria una actualización de la ley 23.798 para una mejor calidad de vida de las personas con VIH y Hepatitis virales, pero también que visibilice más la temática, fomentando las pruebas de VIH, informando más acerca de prevención, detección precoz y tratamientos para así mantener un buen estado de salud de las personas y evitar futuras infecciones evitables, además de disminuir el estigma y la discriminación”. Por su parte, Marcelo Márquez, de Varela Diversa AC, que trabaja diversidad sexual en el conurbano bonaerense, destaca la falta de información y acceso a información y recursos, en especial por parte de las personas trans que realizan trabajo sexual en Florencio Varela y adyacencias. La pobreza es otro factor que invisibiliza e impide el acceso a tratamientos y a derechos.
En la Argentina de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis señaló oportunamente que, para diciembre de 2021, se estima que en Argentina 136.000 personas viven con VIH, de las cuales el 17 % desconoce que lo tiene. Entendemos que es urgente el tratamiento de un proyecto de ley como este, de vanguardia para la salud y el respeto a los derechos humanos de las personas con VIH, Hepatitis virales, TB e ITS.
No se puede posponer una vez más, como se viene haciendo desde hace al menos 7 años, siempre poniendo en agenda temas que la política entiende como más importantes, dejando de lado la salud pública de muchas personas que se infectan, no se tratan y mueren por la desidia de nuestra clase política. Esperamos una decisión del Poder Ejecutivo que incluya el proyecto de ley entre los que se discutirán en el recinto de la Cámara de Diputados en este período extraordinario.
Argentina 
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