El pasado 26 de mayo, el Presidente Gabriel Boric emitió una disculpa pública como parte de un acuerdo reparatorio de un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno por Francisca, una mujer chilena con VIH que fue esterilizada sin su consentimiento después de dar a luz en 2002.
En el comunicado de prensa de la cancillería chilena, el primer mandatario afirmó que “duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, es responsable de estos casos. Me comprometo ante ti y ante quienes te representan personalmente a que mientras gobernemos vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros para que nunca más se vuelva a repetir algo de estas características, y para que los casos donde ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde”.
En la actividad simbólica, en la que no estuvo Francisca, quien siempre ha resguardado su privacidad, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, entregó diplomas conmemorativos a la presidenta de Vivo Positivo, Sara Araya, y a la Chief Program Officer del Centro de Derechos Reproductivos, Enid Muthoni, organizaciones que apoyaron a Francisca en la demanda ante la Corte Interamericana.
“La verdad es que ha sido un acto muy emocionante. Francisca por decisión propia no ha querido estar públicamente acá, su nombre tampoco es público, lo que da cuenta de la estigmatización que todavía existe en el país respecto de las personas que sufren de VIH”, indicó la canciller. “No puede ser que el año 2022 todavía estas personas, precisamente para no sufrir la estigmatización, no puedan estar presente en un acto de disculpa y da cuenta de la deuda que todavía tenemos en esta materia”, concluyó la Ministra.
“Me encantaría haber sido yo con mi voz, mi cara y mi cuerpo la que después de tantos años de lucha estuviese presente para liderar en nombre propio este acto. Sin embargo, dar a conocer mi identidad me hubiese cerrado un sinfín de puertas”, dijo Carmen Martínez, directora asociada de Estrategias Legales para América Latina y el Caribe para el Centro de Derechos Reproductivos, al leer las palabras compartidas por Francisca al público presente. “Hasta la fecha se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos el VIH como si hubiese sido decisión de nosotras contagiarnos. Sin embargo, quiero pensar con convicción que esto cambiará.”
Además del acto realizado en el Palacio de la Moneda, las medidas comprometidas por el estado chileno consisten en una reunión privada de disculpas; compensación económica; difusión del acuerdo de solución amistosa; acceso a un subsidio habitacional; beneficios estudiantiles; becas escolares y programas de educación superior; brindar atención de salud integral; difusión de directrices para los servicios de salud sobre esterilización femenina y masculina; campaña de sensibilización para la atención y no discriminación para las personas que viven con el VIH; difusión del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia una vez sea promulgado; aumento de salas de parto de atención integral e instalación de placa conmemorativa; y capacitaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género.
Las reacciones no se hicieron esperar. ONUSIDA Latina, en un comunicado, afirmó que: «Acogemos con satisfacción el reconocimiento de responsabilidad internacional en este caso emblemático de violaciones de los derechos humanos que han sufrido las mujeres que viven con el VIH y su autonomía reproductiva durante mucho tiempo«, destacó Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «Reivindica un camino de más de 10 años, tanto para Francisca como para las organizaciones que la acompañaron, en su búsqueda de justicia.»
La agencia explicó que este caso emblemático fue parte de una serie más amplia de denuncias de mujeres con VIH que venían sufriendo presiones para no quedar embarazadas y acceder a una esterilización bajo coerción. La esterilización sin consentimiento, acotó, fue una práctica habitual en Chile y otros países de América Latina, y aún hoy existen denuncias de este tipo.
ONUSIDA interpuso en este caso con un amicus curiae (amigo de la corte), una intervención que informó a la Comisión Interamericana sobre las guías sanitarias y normas de derechos humanos que cada Estado debe seguir para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que viven con el VIH.
El acto realizado en la sede del gobierno chileno no estuvo exento de críticas, luego que el activista por los derechos de las personas con VIH, Víctor Hugo Robles, conocido como el “Ché de los gays”, denunciara que no fueron invitadas las dirigentes del ICW Chile (comunidad internacional de mujeres con VIH). “El @GobiernodeChile realiza acto reparatorio a mujer VIH esterilizada forzosamente excluyendo arbitrariamente del evento a organización @icwchile de mujeres viviendo con VIH/SIDA. Una vergüenza @gabrielboric”, escribió en su cuenta de Twitter.
Chile 
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