El artículo 114 de la reforma del Código Contravencional de la Provincia de Salta, aprobado por Ley 7.914, sanciona la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública, salvo que los municipios habiliten espacios (zonas rojas o zonas de convivencia transitoria), lo cual deja sin efecto la contravención. Producto de esta reforma, las fuerzas policiales reprimen indiscriminadamente a las personas que ejercen el trabajo sexual siendo las más afectadas las mujeres trans.
Por ello, el último miércoles de marzo, personas trans de la Ciudad de Salta, capital de la Provincia Argentina del mismo nombre, mantuvieron una nueva reunión en el Consejo Deliberante, a fin de solicitar se establezca una zona de convivencia transitoria (o zona rosa, como se le conoce en otros países) para evitar la represión de las fuerzas policiales; solicitaron además seguridad, acceso a medidas de salud preventiva y baños químicos.
De la reunión participaron la presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, Frida Fonseca Lardies; la delegada de Mujeres Trans Autocovoncadas Daniela Funes Xamena; la referente de ATTA – SALTA, María Pía Ceballos, y una veintena de personas trans.
Daniela Funes Xamena manifestó a un medio salteño que con el nuevo Código de Contravenciones la situación de las trabajadoras sexuales no cambia y, por el contrario, se agrava, porque siguen siendo perseguidas por la policía y discriminadas por la sociedad. Según Funes, las mujeres trans quieren un espacio donde desarrollar su trabajo, con seguridad, baños químicos, acceso a medidas de salud preventivas y, lo más importante, no molestar a los vecinos. Hoy en la ciudad existen varias zonas de oferta sexual. María Pía Ceballos por su parte, señaló que el artículo 114 del Código de Contravenciones es inconstitucional porque vulnera los derechos de las personas trans, en tanto la presidente del Consejo Deliberante manifestó que este tema será incorporado a la agenda legislativa de este año.
Victoria Liendro, ex directora general de Diversidad de la Municipalidad de Salta comentó a Corresponsales Clave que la represión sufrida en las zonas donde se ejerce la prostitución (término usado por Liendro) es agravada por el cierre de la Dirección el pasado 10 de Diciembre, cuando asumieron las nuevas autoridades. “Las fuerzas de seguridad no se han democratizado”, manifestó Liendro, y nos comenta que el artículo en cuestión fue cuestionado por distintas organizaciones de la sociedad civil. Las agresiones policiales van desde desconocer la identidad de género de las personas, arrestos arbitrarios, insultos, hasta disparos de balas de goma.
“Considero que la situación se ha agravado a partir de la aprobación del nuevo Protocolo contra las manifestaciones sociales”, dijo Liendro, considerando que es otra herramienta, además del Código, que las Fuerzas de Seguridad de la provincia utilizan para reprimir a las personas trans. Victoria consideró que al no existir políticas públicas integrales y haberse cerrado el órgano que podía generarlas, la situación es grave. “Es importante destacar que el 95% de las personas trans en Salta Capital ejercer el trabajo sexual como modo de subsistencia”, finalizó.
El programa de televisión salteño DNI difundió hace algunas semanas un video en el que mujeres trans que realizaban trabajo sexual denunciaban haber sido reprimidas por la policía provincial. El mismo fue colgado por el medio Comunitario www.notas.org y en él puede apreciarse los procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad de la provincia de salta, los testimonios de distintas personas trans y la represión en su totalidad.
Ante los hechos de represión sucedidos en Salta, la oficina de ONUSIDA para Argentina, Paraguay y Uruguay, en un comunicado de prensa, expresó su profunda preocupación y manifestó su repudio “por las acciones represivas y de violencia ejercidas por parte de las fuerzas del orden público contra las personas transgéneros…en ocasión de acciones de desalojo de la vía publica según reportado por miembros del colectivo transgenero y por los medios de comunicación”.
Antecedentes
En el año 2.015, la Legislatura de la Provincia de Salta modificó el Código Contravencional e incorporó el Artículo 114. Esa modificación fue resistida por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Es importante señalar que el Estado Argentina ha adoptado, tanto en el Código Penal como en la Ley de Profilaxis Antivenérea (Ley 12.331), la posición abolicionista respecto del trabajo sexual. Sin embargo, si bien las normas nacionales penalizan la prostitución ajena y la trata de personas, no habla del ejercicio del trabajos sexual autónomo, entendiéndose en consecuencia, que no está prohibido su ejercicio.
A partir del año 2012, tras fuertes debates en el Consejo Federal de Derechos Humanos, se promovió la sanción de leyes u ordenanzas que prohíban la habilitación de lugares donde se ejerza el trabajo sexual y se sancione al cliente, como medidas de lucha contra la trata de personas. Estas normas tuvieron como consecuencia la persecución y reprensión de trabajadores sexuales en todo el país, hechos denunciados por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), que promueve la legalización del trabajo sexual autónomo.
La norma sancionada en Salta en el año 2015 es una más de las leyes dictadas en la provincia que son utilizadas por la policía para reprimir y no para prevenir la trata de personas.
Normas de estas características no solo vulneran el derecho de las personas a la libertad y a la seguridad, sino también al acceso a la salud y a herramientas de prevención, generando de esta forma daños irreversibles en la salud de las personas trans y las trabajadoras sexuales.
Argentina 
Añadir comentario