El 10 de mayo pasado, la Defensoría de la Diversidad Sexual de Guatemala (adjunta a la Procuraduría de Derechos Humanos) emitió una opinión técnica respecto a un anteproyecto de Ley que pretende cerrar la puerta a la protección de los derechos de las personas de la diversidad sexual, prohibir la educación sexual integral en espacios públicos y privados y el aborto.
Al referirse a la propuesta de Ley, que en el texto mezcla los derechos de las personas LGBTI con el derecho a la interrupción del embaraza y que contiene graves amenazas a las libertades más elementales, la Defensoría señala que “contraviene los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado de Guatemala, así como los instrumentos y estándares internacionales que establecen y dotan de insumos en la orientación, interpretación y aplicación en la legislación de los Estados miembros de la ONU sobre los temas de Diversidad Sexual, Orientación Sexual Identidad de Género Expresión de Género (como lo establecido en los principios de Yogyakarta para el caso específico de las poblaciones LGBTI).”
La propuesta de Ley, presentada el 27 de abril, plantea también una reforma al Código Civil con una prohibición explícita a los matrimonios entre personas del mismo sexo: “Artículo 16.- Se reforma el artículo 78 del Código Civil (…): Artículo 78. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, así nacidos, se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.
Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
En este punto, la Defensoría señala: “(…) respecto de las familias, únicamente se enfocan en que estas se conforman por papá, mamá, hijos e hijas. Ello pone de manifiesto que se olvida que las familias guatemaltecas son diversas en su composición (…).”
En relación a la discriminación y crímenes de odio, la propuesta legislativa pretende blindar a quienes emitan discursos de odio disfrazados de libertad de conciencia y expresión: “Toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales.
Ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre que no hubiere infringido disposición legal alguna o hubiere atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas y prácticas distintas a la heterosexualidad.”
Frente a toda esta retahíla de sandeces, la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos señaló que dicha iniciativa de ley debe ser rechazada “porque carece de fundamento legal, técnico-científico, epistemológico y con especial mención de las prácticas que el Estado de Guatemala debe implementar en materia de Derechos Humanos.”
Es preocupante que desde los espacios de poder legislativo, este tipo de acciones promueva la discriminación y el odio hacia cualquier sector de la población guatemalteca y en especial a las personas de la Diversidad Sexual y de Género. Ello pone en evidencia el total desconocimiento que tienen las y los legisladores sobre el principio de universalidad de los Derechos Humanos.
Las propuestas de ley deben regirse de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, y no pueden involucrar creencias religiosas que pretendan restringir garantías constitucionales, promoviendo y generando odio hacia las personas diferentes, vulnerando la dignidad humana y libertades de todas las personas en todas las esferas de la sociedad guatemalteca.
La iniciativa ha conmocionado –además de los colectivos LGBTI y movimientos de mujeres- a medios de comunicación, movimientos sociales y sectores políticos progresistas y moderados por el retroceso que supondría su aprobación en el pleno. Además de acentuar la vulnerabilidad de las mujeres y personas LGBTI, la iniciativa trastoca dos principios constitucionales: La igualdad ante la ley y el principio de laicidad, pues el grupo impulsor pregonó contar con treinta mil firmas de apoyo de las iglesias evangélicas del país.
Caso omiso a recomendaciones internacionales
La aprobación de una ley como esta supondría también un embrollo político/diplomático para el país, pues en dos ocasiones el Concejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas ha emitido recomendaciones puntuales para proteger los derechos humanos de las personas LGBTI. De más está decir que contraviene la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la protección de las personas y familias LGBTI.
Una propuesta como esta también compromete procesos en construcción y desarrollo como la Política Pública Integral para personas LGBTI y las estrategias de contención al estigma, la discriminación y la violencia en el Sistema Penitenciario, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y la implementación de la Estrategia de Salud diferenciada para personas trans.
Otro proyecto que sí contribuye a un país mejor
El jueves 28 de abril, la diputada Sandra Morán – con el apoyo y respaldo de los movimientos LGBTI- presentó una iniciativa que pretende contribuir a la contención de la violencia por orientación sexual, expresión e identidad de género, así como incluir la discriminación por las mismas causas en el código penal. La iniciativa contó con el respaldo de algunos parlamentarios, así como de la opinión pública y los movimientos sociales.
Independientemente de si esta ley es promulgada, el proceso ha fortalecido la articulación y ha generado un debate necesario, aunque postergado por los diversos sectores del país. El congreso –donde más de 30 congresistas enfrentan sendos antejuicios por su vinculación a estructuras de saqueo y tráfico de influencias- ha sido señalado por levantar cortinas de humo instrumentalizando las agendas LGBTI y de los movimientos de mujeres, pero esta vez no lo tendrá tan simple.
Reacción de las organizaciones de la sociedad civil
La iniciativa legislativa también generó la reacción inmediata del secretariado de ILGALAC, REDLACTRANS y otras instancias regionales.
La semana pasada, estuvo en el país Harald Petzold –vocero queer del parlamento alemán- quien se entrevistó con representantes de la Red Nacional de la Diversidad Sexual, OTRANS, Sandra Morán y otros actores sociales y políticos para ahondar en detalles y ofrecer el respaldo político de la misión alemana en el país, así como el compromiso de visibilizar estas situaciones en el plano internacional.
Definitivamente este es sólo el comienzo de una cruzada épica para los movimientos LGBTI que hará que otros actores sociales, religiosos y políticos respalden o rechacen una iniciativa legislativa inquisitorial. Al contenerla no sólo ganan las personas LGBTI, sino toda la sociedad guatemalteca que ha perdido tanto levantando barreras y muros entre quienes compartimos este tiempo y espacio.
Guatemala 
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